La polémica por el funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste sumó este viernes un nuevo capítulo con las declaraciones del diputado provincial y ex intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, quien aseguró que, si se confirma que se puso en riesgo la salud de la población y se ocultó información, “se puede discutir la destitución del intendente”.
Las afirmaciones se produjeron luego de que la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobara un pedido de informes impulsado por el legislador para conocer en detalle las actuaciones realizadas por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) desde la puesta en marcha del sistema.
Palo Oliver calificó como “muy grave” la posibilidad de que se haya habilitado la distribución de agua sin contar con las condiciones necesarias para garantizar su potabilidad.
Según explicó, la iniciativa aprobada en la Legislatura busca acceder a todos los informes, observaciones y recomendaciones emitidos por el organismo regulador para determinar si existió un ocultamiento de información y si esa eventual situación pudo comprometer la salud pública.
“Estamos pidiendo todos los informes, observaciones y recomendaciones que haya realizado el ENRESS para valorar si realmente se ocultó información y si ese eventual ocultamiento puso en riesgo la salud de la población”, sostuvo.
El ex intendente afirmó que, de comprobarse las versiones conocidas en los últimos días sobre el funcionamiento de la cisterna, las consecuencias institucionales podrían ser de máxima gravedad.
“Son causales para destituir un intendente si tomó una decisión tan irresponsable como ocultar información y distribuir agua sin el sistema de cloración”, expresó.
No obstante, aclaró que primero es necesario conocer el contenido de los informes oficiales y establecer con precisión qué ocurrió y quiénes fueron responsables de las decisiones adoptadas.
Consultado sobre las posibles derivaciones del caso, Palo Oliver señaló que además de las responsabilidades políticas podrían existir consecuencias judiciales.
“Si realmente fue así, amerita hasta una denuncia penal”, afirmó.
En ese sentido, recordó que cualquier eventual proceso institucional vinculado a una destitución corresponde al ámbito del Concejo Municipal.
“Si hay que avanzar en un sistema de destitución, esa es una tarea de los concejales de la ciudad”, indicó.
El diputado también apuntó contra el ENRESS y consideró que, ante una situación que pudiera comprometer la salud de la población, el organismo de control debió actuar con mayor transparencia y rapidez.
“Si estaba en riesgo la salud de la población, el ENRESS estaba obligado también a dar esa información”, cuestionó.
Mientras se aguarda la respuesta oficial al pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados, la controversia por la Cisterna Luján Oeste continúa escalando y suma nuevos interrogantes sobre los controles realizados y las decisiones adoptadas durante la puesta en funcionamiento del sistema.
En ese contexto, Palo Oliver insistió en la necesidad de esclarecer lo sucedido y determinar si existieron responsabilidades administrativas, políticas o judiciales por una situación que, según advirtió, pudo haber comprometido la calidad del agua distribuida a miles de vecinos de Santo Tomé.
Fuente: Santotomealdía
