Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos políticos aseguran que cientos de presos permanecieron expuestos al riesgo tras los sismos y sus réplicas. Denuncian demoras en las evacuaciones, falta de asistencia médica y nuevas represalias contra quienes reclamaron por el estado de las cárceles.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos políticos aseguran que cientos de presos permanecieron expuestos al riesgo tras los sismos y sus réplicas. Denuncian demoras en las evacuaciones, falta de asistencia médica y nuevas represalias contra quienes reclamaron por el estado de las cárceles.
A un mes de los terremotos que sacudieron Venezuela y dejaron, según el último balance oficial citado por las autoridades, 5.346 personas fallecidas, familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos denuncian una segunda tragedia: la falta de protocolos adecuados para proteger a los detenidos que permanecían en cárceles con infraestructuras presuntamente dañadas.
Las familias aseguran que las autoridades no actuaron con la rapidez necesaria durante los sismos y las réplicas. Andreina Baduel, activista y hermana de un detenido que lleva seis años privado de su libertad en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, afirmó que la evacuación se produjo con una demora de casi 50 minutos.
Según denunció, durante las dos semanas posteriores a los terremotos las familias alertaron sobre posibles daños en las estructuras penitenciarias. Sin embargo, sostuvo que la respuesta de las autoridades habría sido mantener a algunos detenidos encerrados las 24 horas y, en ciertos casos, recurrir a amenazas y torturas contra los presos que reclamaban mejores condiciones.
Denuncias de torturas y falta de atención médica
A la preocupación por el estado de las cárceles se suman las denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y falta de atención médica.
Baduel relató el caso de su hermano Adolfo, quien lleva más de seis años detenido y, según su testimonio, fue torturado durante su permanencia en El Helicoide. Como consecuencia de esas presuntas torturas, necesitaría cuatro operaciones.
La activista también contó que su hermano presenció la muerte de su padre dentro de la cárcel, pese a que había pedido asistencia médica para él.
“Rogó, suplicó e imploró que lo atendieran”, relató, y aseguró que la falta de atención derivó en el fallecimiento del hombre dentro del establecimiento penitenciario.
Una amnistía considerada insuficiente
La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía destinada a liberar a cientos de personas detenidas por motivos políticos.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos consideran que la medida no alcanza para resolver la situación. Según el Foro Penal, 372 personas permanecen actualmente detenidas por razones políticas, aunque las organizaciones estiman que la cifra real podría acercarse a las 500.
Los familiares reclaman que no se invisibilice la situación de los detenidos mientras el Gobierno intenta instalar un discurso de reconciliación y paz.
Para las organizaciones humanitarias, el terremoto y sus réplicas expusieron nuevamente las condiciones en las que se encuentran los presos políticos venezolanos: cárceles con deficiencias estructurales, demoras en los protocolos de emergencia y denuncias de torturas y falta de atención médica que, según los familiares, continúan sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
