El hallazgo de cuerpos en una zona vinculada a la minería ilegal expuso nuevamente la brutalidad del crimen organizado en Ecuador. Pero meses después, el problema continúa: aunque algunos indicadores mejoraron en determinados territorios, las organizaciones criminales se fragmentaron y extendieron sus operaciones hacia nuevas zonas del país. Analistas y organismos de derechos humanos advierten que la respuesta militar, por sí sola, no alcanza para atacar las raíces del fenómeno.
El hallazgo de cuerpos en una zona vinculada a la minería ilegal expuso nuevamente la brutalidad del crimen organizado en Ecuador. Pero meses después, el problema continúa: aunque algunos indicadores mejoraron en determinados territorios, las organizaciones criminales se fragmentaron y extendieron sus operaciones hacia nuevas zonas del país. Analistas y organismos de derechos humanos advierten que la respuesta militar, por sí sola, no alcanza para atacar las raíces del fenómeno.
El hallazgo de ocho cadáveres en fosas clandestinas volvió a mostrar el rostro más brutal de la violencia que atraviesa Ecuador. Los cuerpos fueron encontrados en una zona vinculada a actividades de minería ilegal y el episodio se convirtió en una nueva evidencia de la disputa territorial y económica que mantienen las organizaciones criminales.
Pero el problema va mucho más allá de aquel episodio.
La violencia ecuatoriana está atravesando una transformación. Las grandes ciudades continúan siendo escenarios centrales de la disputa entre bandas, pero las organizaciones criminales también están desplazando sus operaciones hacia nuevos territorios, especialmente aquellos donde existen rutas estratégicas, actividades extractivas ilegales y otras fuentes de financiamiento.
El crimen organizado encontró nuevas fuentes de poder
La minería ilegal se convirtió en una de las economías que alimentan a las organizaciones criminales ecuatorianas.
Junto con el narcotráfico, el tráfico de armas, los secuestros y la extorsión, la extracción clandestina de oro genera recursos que permiten financiar estructuras armadas y controlar territorios.
La Policía ecuatoriana informó durante 2026 distintos operativos contra explotaciones mineras ilegales. En marzo, por ejemplo, las autoridades intervinieron una zona de Napo donde detectaron infraestructura utilizada para la extracción ilícita de oro y señalaron que esa actividad financiaba economías criminales.
La disputa por esos recursos explica, en parte, por qué la violencia comenzó a aparecer en lugares que anteriormente no estaban en el centro de la crisis.
¿La mano dura está funcionando?
El Gobierno de Daniel Noboa sostiene su estrategia de seguridad sobre un fuerte despliegue de militares y policías y sobre operaciones destinadas a desarticular las estructuras criminales.
La ofensiva permitió importantes golpes económicos contra organizaciones delictivas. Según información recopilada por medios ecuatorianos a partir de datos oficiales, durante 2025 y los primeros meses de 2026 fueron decomisadas grandes cantidades de droga y se afectaron distintas fuentes de financiamiento del crimen organizado, entre ellas la minería ilegal.
Sin embargo, el resultado global continúa siendo discutido.
Human Rights Watch señaló que Ecuador mantuvo niveles muy elevados de violencia y que los homicidios habían aumentado fuertemente durante 2025. La organización también cuestionó que la respuesta gubernamental no haya conseguido resolver problemas estructurales vinculados con el crimen organizado y advirtió sobre denuncias de violaciones de derechos humanos.
El debate, por lo tanto, no es solamente si el Estado debe utilizar la fuerza.
La pregunta central es qué ocurre después de recuperar un territorio.
Si no existe una presencia permanente de instituciones públicas, escuelas, empleo, servicios básicos, justicia y mecanismos de prevención, los grupos criminales pueden volver a ocupar el espacio dejado por el Estado.
La violencia no desapareció: se desplazó
Los datos disponibles durante 2026 muestran una situación particularmente compleja.
Entre enero y mayo, las muertes violentas registraron una reducción nacional respecto del mismo período del año anterior. Pero esa caída no fue uniforme.
Un análisis difundido por la Asamblea Nacional ecuatoriana señaló que mientras algunas ciudades experimentaron descensos significativos, 82 cantones registraron aumentos de homicidios. Machala, Vinces, Pasaje y Montecristi aparecen entre los territorios donde el incremento fue especialmente pronunciado.
Es decir, una eventual mejora de las cifras nacionales no necesariamente significa que el problema haya sido resuelto.
Puede significar que el mapa de la violencia está cambiando.
Una guerra que también golpea a los jóvenes
La expansión del crimen organizado tiene otra consecuencia especialmente grave: la incorporación de adolescentes a las estructuras criminales.
Human Rights Watch documentó que durante los primeros seis meses de 2025 fueron asesinados 504 niños y adolescentes de entre 10 y 19 años, un incremento del 68% respecto del mismo período anterior. El organismo también señaló que las organizaciones criminales reclutan menores para distintas funciones y que algunos son víctimas de explotación sexual.
El Gobierno declaró la prevención y erradicación del reclutamiento de menores como una prioridad nacional, pero el fenómeno demuestra nuevamente que la violencia no puede abordarse exclusivamente desde el terreno militar.
La raíz del problema
El debate planteado por especialistas como la politóloga Carla Álvarez continúa vigente: combatir a los grupos armados es necesario, pero no necesariamente suficiente.
El crimen organizado ecuatoriano no creció únicamente por la capacidad de fuego de sus integrantes. También aprovechó territorios con escasa presencia estatal, economías ilegales altamente rentables, corrupción, desempleo, pobreza y una institucionalidad debilitada.
Por eso, una estrategia de seguridad sostenible necesita actuar simultáneamente sobre varios frentes: inteligencia financiera, control de las rutas del narcotráfico, combate a la minería ilegal, fortalecimiento de la Justicia, protección de las comunidades y generación de oportunidades para los jóvenes.
La fuerza puede recuperar una calle.
Pero recuperar definitivamente un territorio requiere que el Estado permanezca allí.
Ecuador frente a un nuevo escenario
El Gobierno de Noboa también profundizó su cooperación internacional en materia de seguridad. Estados Unidos se convirtió en uno de sus principales socios y ambos países ampliaron sus acuerdos para combatir a las organizaciones criminales.
Al mismo tiempo, esa cooperación comenzó a generar cuestionamientos por denuncias de posibles abusos en operaciones contra el narcotráfico y otros grupos delictivos.
Ecuador se encuentra así ante una paradoja.
El Estado está utilizando más recursos, militares, policías y cooperación internacional que años atrás, pero el crimen organizado también se transformó, se fragmentó y buscó nuevas fuentes de financiamiento.
La discusión ya no pasa solamente por cuántos delincuentes fueron detenidos o cuántas armas fueron incautadas.
La verdadera pregunta es si el país conseguirá romper el circuito que une pobreza, economías ilegales, corrupción, reclutamiento y violencia.
Porque mientras ese circuito continúe funcionando, cada operativo puede representar una victoria puntual, pero no necesariamente el final de la guerra que Ecuador intenta ganar.
