La política migratoria de Colombia dio un giro significativo. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar esta semana operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía para identificar a personas extranjeras en situación irregular y avanzar con procesos de deportación.
La instrucción fue impartida durante una reunión de seguridad y representa una de las primeras decisiones de fuerte impacto político adoptadas por el mandatario desde que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.
De la Espriella fue contundente al justificar la medida y puso el foco, en primer término, sobre los extranjeros que cometan delitos.
“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia”, sostuvo el presidente, quien resumió su postura bajo la consigna de “primero los colombianos”.
El Gobierno pretende que los procedimientos comiencen de inmediato y que las autoridades migratorias trabajen junto con las fuerzas de seguridad para localizar a quienes no cuenten con documentación regular.
La comunidad venezolana, en el centro de la preocupación
La decisión tiene especial impacto sobre la población venezolana, que constituye la principal comunidad migrante de Colombia. Según los datos difundidos en las últimas horas, alrededor de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en territorio colombiano y unos 848.000 se encontrarían en situación irregular. Entre ellos hay aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes.
El problema no se limita, sin embargo, a quienes llegaron desde Venezuela. Organizaciones de asistencia a migrantes advierten que también pueden quedar alcanzadas personas provenientes de Ecuador, Chile, Haití, Cuba y otros países que no cuentan con mecanismos de regularización equivalentes a los que fueron implementados para la población venezolana.
Mara Sánchez, directora general de la organización Fraternidad Venezolana, advirtió que muchos migrantes quedaron atrapados en procesos de regularización inconclusos. Algunos realizaron los trámites correspondientes pero nunca recibieron sus documentos, mientras que otros quedaron fuera de los mecanismos existentes.
La preocupación aumenta porque la situación migratoria irregular no equivale necesariamente a la comisión de un delito. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionaron precisamente que ambos conceptos puedan quedar asociados dentro del nuevo discurso oficial.
Un cambio respecto de la política migratoria anterior
La decisión supone un cambio importante respecto de la política que Colombia había desarrollado durante los últimos años frente a la llegada masiva de venezolanos.
El país había implementado mecanismos extraordinarios para facilitar la permanencia y regularización de millones de personas que escaparon de la crisis venezolana. Ahora, el nuevo Gobierno busca avanzar hacia una política mucho más restrictiva, vinculada directamente con la seguridad y el control migratorio.
El contexto político también resulta relevante. De la Espriella, elegido por un margen muy estrecho en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda, obtuvo 12.960.166 votos, contra 12.708.312 de su rival.
Su llegada al poder estuvo acompañada por un discurso centrado en seguridad, lucha contra el crimen organizado y endurecimiento de las políticas frente a quienes infringen la ley.
El debate que recién comienza
La aplicación de los nuevos operativos abre ahora un debate que irá mucho más allá de las deportaciones.
El Gobierno sostiene que debe priorizar la seguridad de los colombianos y actuar contra extranjeros involucrados en delitos. Las organizaciones de migrantes, en cambio, reclaman que cualquier procedimiento respete el debido proceso y diferencie claramente entre una persona que se encuentra en situación migratoria irregular y alguien que efectivamente cometió un delito.
Colombia enfrenta así una nueva discusión sobre cómo equilibrar seguridad, control migratorio y derechos humanos, en un país que durante los últimos años se convirtió en uno de los principales destinos de la migración venezolana.
La pregunta que queda abierta es si la nueva política permitirá ordenar la situación migratoria sin convertir la irregularidad administrativa en una sospecha de criminalidad. Ese será uno de los primeros desafíos para el Gobierno de De la Espriella y también una de las cuestiones que marcarán su relación con millones de migrantes que ya forman parte de la sociedad colombiana.
Fuente: Carlos Pizarro
