El drama de las cárceles de El Salvador: denuncian cientos de muertes y miles de detenciones sin juicio
MS-13, asisten a una audiencia pública en el marco de un juicio colectivo, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Tecoluca, en El Salvador
Amnistía Internacional informó que al menos 470 personas murieron bajo custodia del Estado entre marzo de 2022 y diciembre de 2025. La organización también denunció más de 90.000 arrestos arbitrarios durante el Régimen de Excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Amnistía Internacional informó que al menos 470 personas murieron bajo custodia del Estado entre marzo de 2022 y diciembre de 2025. La organización también denunció más de 90.000 arrestos arbitrarios durante el Régimen de Excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Detrás de las cifras hay familias que llevan años esperando respuestas. Madres que no saben dónde están sus hijos, personas detenidas sin condena y denuncias de muertes ocurridas dentro de las cárceles salvadoreñas.
Un informe de Amnistía Internacional publicado el 15 de julio, bajo el título “La seguridad sin derechos”, denunció el impacto de las detenciones masivas y la falta de garantías judiciales desde que el presidente Nayib Bukele decretó el Régimen de Excepción, en marzo de 2022.
Según la organización, al menos 470 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado entre el inicio de la medida y diciembre de 2025. La mayoría de ellas, de acuerdo con el informe, no tenía una condena firme.
Amnistía también señaló que más de 90.000 personas fueron arrestadas de manera arbitraria y que muchas quedaron privadas del derecho a una defensa adecuada y a un juicio dentro de plazos razonables.
Familias que siguen esperando respuestas
Ana tiene 53 años y vende pan en San Salvador. En su barrio, varios jóvenes fueron detenidos durante el Régimen de Excepción. Uno de ellos, Kevin, murió en prisión.
El padre del joven, según relató Ana, tuvo que retirar su cuerpo de la cárcel.
“Lo sacó muerto de la cárcel y nadie le hizo justicia”, contó.
La historia también la atraviesa personalmente. Su hijo fue detenido hace tres años por presuntos vínculos con las pandillas y todavía no tuvo un juicio.
“Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo”, expresó.
Ana asegura que las muertes dentro de las cárceles no siempre son informadas públicamente y sostiene que el número de fallecidos podría ser aún mayor.
Las críticas al Régimen de Excepción
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó el funcionamiento del sistema y advirtió que, junto con personas vinculadas a las pandillas, también fueron detenidos ciudadanos que consideran inocentes.
“Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita”, afirmó.
Ortiz también sostuvo que el Régimen de Excepción puede cumplir una función que excede la lucha contra las pandillas.
“Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos”, opinó.
Madres que buscan a sus hijos
Entre las familias que reclaman respuestas está la de Luisa, cuyo hijo fue detenido hace más de dos años.
Según relató, las autoridades le dijeron que el joven había sido arrestado por presunta pertenencia a asociaciones ilícitas. Sin embargo, ella asegura que nunca estuvo involucrado en actividades criminales.
Durante su búsqueda, recibió una explicación que, según contó, profundizó aún más su incertidumbre:
“Lo sentimos mucho, señora, a su hijo no se le ha encontrado nada, ni en el teléfono ni nada, pero como los soldados nos lo han traído tenemos que tenerlo detenido”.
Luisa asegura que las familias enfrentan enormes dificultades para comunicarse con sus parientes detenidos.
“Nosotros no hemos podido verles la cara a nuestros parientes. No sabemos a la hora de la comida si le dan o no le dan. No sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos”, relató.
También denunció las condiciones que, según su testimonio, enfrentan algunos detenidos en la cárcel de Izalco.
“Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia”, afirmó.
Amnistía Internacional sostiene que los abusos denunciados presentan características sistemáticas y podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mientras tanto, el sistema judicial salvadoreño continúa procesando causas vinculadas al Régimen de Excepción. El 14 de julio, un tribunal anunció el final del juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la Mara Salvatrucha. La sentencia todavía está pendiente.
El debate sobre la seguridad en El Salvador continúa atravesado por una pregunta que las familias de los detenidos mantienen desde hace años: cómo combatir la violencia sin dejar de garantizar los derechos fundamentales de quienes son acusados.
