En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país.
En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país.
Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más
urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había
concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer
paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de
182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración del
izquierdista Gabriel Boric.
“La migración le
está aportando al país el 10% del PIB”
“Hay 338.000
personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De
ellos, 182.000 son personas que se empadronaron, que fueron, dieron
su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy
incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con esos datos
biométricos, si a esa persona no la van a regularizar”, comenta
para RFI Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción
Migrante.
“Esto tiene
consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país
el 10% del Producto Bruto Interno, y evidentemente esto está
perjudicando muchísimo, porque son personas trabajadoras que vienen
en general, en su 99,9%, a trabajar al país, y que estando en las
condiciones de no tener los papeles al día, se ven privados de
derechos básicos”, recalca Cardoza.
Además de parar la
regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al
Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados:
uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar
irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso
ilegal al país.
“Un fenómeno muy
particular”
“Se da un fenómeno
muy particular, que es que la gente está preocupada por esto pero
muchas personas que están en situación irregular, que están
trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no
se van a ir. Entonces se va a dar una situación bien particular, de
que no hay posibilidad de que se pueda expulsar a 338.000 personas en
cuatro años”, subraya Cardoza.
“Lo máximo que ha
expulsado un gobierno ha sido anualmente 8.000 personas, entre
expulsiones administrativas y judiciales. Y entonces va a haber que
tomar políticas que sean reales o seguir continuando con esta
situación que condena a la gente a vivir mal. Y ese es un desafío
que tiene este gobierno”, concluye.
Apenas cinco días
después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el
denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más
emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de
barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el
despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con
Perú, y varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con
Bolivia.
