El paquete legislativo contempla una reducción gradual del impuesto a las grandes empresas y busca atraer inversiones para recuperar el crecimiento económico. La oposición cuestiona el impacto que la menor recaudación podría tener sobre la salud, la educación y las políticas sociales, y anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional.
El paquete legislativo contempla una reducción gradual del impuesto a las grandes empresas y busca atraer inversiones para recuperar el crecimiento económico. La oposición cuestiona el impacto que la menor recaudación podría tener sobre la salud, la educación y las políticas sociales, y anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional.
El Congreso de Chile aprobó este martes la mayor parte de la amplia reforma económica impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, una iniciativa que busca modificar el rumbo de la política tributaria y recuperar los niveles de crecimiento registrados en etapas anteriores.
El paquete incluye una reducción gradual de cuatro puntos porcentuales en el impuesto a las grandes empresas, además de la eliminación de algunas barreras destinadas a facilitar la llegada de inversiones.
Para el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, la reforma responde a la necesidad de revertir el bajo crecimiento que experimenta Chile desde hace varios años.
Según explicó, el país pasó de registrar tasas de expansión cercanas al 5% o 6% durante los primeros años posteriores al retorno de la democracia a niveles próximos al 1,8% o 1,9% durante el gobierno de Gabriel Boric. A esto se suma una tasa de desempleo cercana al 10%.
El objetivo del Gobierno, según el especialista, es recuperar el ritmo de crecimiento que Chile tuvo antes de la reforma tributaria de 2014, impulsada durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.
La oposición denuncia un beneficio para los sectores más ricos
La oposición rechazó el proyecto y sostuvo que la reducción de impuestos a las empresas provocará una caída en los ingresos del Estado y, en consecuencia, limitará los recursos disponibles para financiar políticas sociales.
La diputada Emilia Schneider cuestionó duramente la iniciativa y acusó al Gobierno de favorecer a los sectores de mayores ingresos en detrimento de las políticas destinadas a garantizar el acceso a la salud, la educación y las jubilaciones.
La oposición también anunció que recurrirá algunos artículos de la reforma ante el Tribunal Constitucional, una medida que podría demorar la entrada en vigencia de parte del paquete aprobado.
Arellano explicó que los plazos del tribunal son difíciles de prever, aunque estimó que el proceso podría resolverse en aproximadamente un mes, dependiendo de la prioridad que se otorgue a los requerimientos.
Un debate abierto sobre el impacto económico
La reforma enfrenta además un escenario de fuerte debate social. Según los datos citados en el informe, el 56% de los chilenos se opone a la reducción de impuestos a las empresas.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Kast ya revisó a la baja sus propias proyecciones de crecimiento económico: la estimación para 2030 pasó del 4% al 3,5%.
La aprobación de la megareforma representa así una victoria legislativa para el oficialismo, pero también abre una nueva disputa política sobre el modelo económico que busca impulsar el Gobierno y sobre el impacto que la reducción de la presión tributaria tendrá en las cuentas públicas y en el financiamiento de las políticas sociales.
