La nueva ley establecía un aumento del 8,1%, que las actualizaciones tuvieran en cuenta tanto la inflación como la evolución de los salarios y que la jubilación mínima no fuera inferior al 1,09% del valor de la canasta básica.
Mencionó la posibilidad de la participación de capitales privados en la empresa y cuestionó la actitud de los gremios que están en conflicto, además informó sobre reducción del déficit operativo y del personal de planta.